Por: Mario Gálvez Narro
Militares sí, policías no
El hallazgo de un nuevo ejecutado en Lerdo confirma que en la región está operando desde hace tiempo un grupo de zetas, sicarios del Cártel del Golfo, ya que el cuerpo de la víctima mostrabas múltiples señales de tortura y en su pecho sus asesinos marcaron una z, al parecer con un cautín.
Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso, aunque cabe señalar que a diferencia de la mayoría de los ejecutados por los zetas el encontrado en Lerdo no murió balaceado, sino por asfixia, según se pudo determinar en la necropsia.
Y un dato que no parece menor es que el cadáver apareció en la cuneta de la carretera que lleva al ejido El Huarache, es decir el lugar dónde fueron exhumados los restos de 4 personas a principios de febrero pasado.
Pudiera existir alguna conexión con aquellos crímenes, pero a casi dos meses de aquél hallazgo se puede asegurar que el avance de las investigaciones es cero. De entonces a la fecha sólo se han contabilizado atentados y más muertos, pues no ha habido ningún criminal detenido o siquiera identificado.
Se supone que el caso fue atraído por la PGR, lo que en los hechos equivale a que jamás se sepa nada al respecto pues la incompetencia de ésta dependencia resulta francamente sospechosa, rayando ya en la complicidad. En los últimos dos años se han producido en Durango, y con particular virulencia en su zona lagunera, no menos de una treintena de asesinatos o mejor dicho ejecuciones, desde el homicidio de Garza Espino hasta el hallazgo de antier en Lerdo, pero en ningún caso se ha dado con la identidad de los responsables materiales y mucho menos con la de los intelectuales, por lo que todos se encuentran en la más absoluta impunidad.
Más aún, nadie guarda esperanzas de que alguno de esos casos llegue algún día a resolverse pues los encargados de investigar los hechos y dar con los asesinos simplemente no han hecho, ni harán, absolutamente nada.
Por eso mismo el nivel de violencia en el país es imparable, ya que las posibilidades de que los criminales sean llevados a juicio y sean condenados es nula, en términos prácticos, lo que dá a México un nivel de impunidad sin precedentes a escala internacional; quizás sólo superado por el que se da en Irak, pero allá porque el país atraviesa por una guerra civil y religiosa y una ocupación militar extranjera.
Los policías se encuentran temerosos, y con sobrada razón pues no cuentan con el armamento ni el adisestramiento necesarios para enfrentar al crimen organizado, y de parte de las autoridades políticas sólo han recibido promesas de ayuda y apoyo moral.
Sin embargo, no se puede ni debe soslayar el hecho que por ley el combate a la delincuencia organizada, y en particular al narcotráfico, corresponde al gobierno federal.
En este sentido, lo que ha hecho la Federación para el esclarecimiento de esos crímenes, más de una treintena en los últimos dos años, muchos de los cuales fueron además atraídos expresamente porla PGR, puede expresarse en una sola palabra: nada.
No se ha esclarecido ni un sólo crimen, ni se ha detenido a nadie por todos esos asesinatos, porque no ha habido interés ni voluntad alguna para dar con los homicidas, por parte de las autoridades federales.
Y qué mejor demostración de ello que lo sucedido en Michoacán, donde en menos de 48 horas de ocurridos los hechos el Ejército puso a disposición de la PGR a 10 sospechosos del asesinato de 5 militares embozcados por sicarios y narcos en Carácuaro.
Es evidente que en este caso hubo total interés y voluntad política por parte del gobierno federal. ¿Por qué en un caso sí se pone interés y en cientos de otros no? ¿porque fue el Ejército el que se hizo cargo del caso? Lo cierto es que dejó en evidencia a la PGR.
Cientos de policías honestos (que los hay) han muerto también en esa misma lucha, pero nadie se acuerda de ellos ni de sus asesinos. No se vale.
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