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Corrupción afecta estabilidad de nuestras democracias; hay “bandas criminales” dentro del Estado: FIDH

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En el caso mexicano, un informe expuso el control de Los Zetas en el estado de Coahuila, lo que demuestra "el nivel de corrupción que existe".

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Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos(FIDH), señaló que estructuras dentro del Estado operan como “bandas criminales”, pues su objetivo único es lucrar.

En entrevista para #AristeguiEnVivo, apuntó que la corrupción “tiene un impacto enorme en la estabilidad de nuestras democracias en el continente”, por lo que organizaciones de EU y Latinoamérica se reunieron esta semana en Lima, Perú, para analizar el impacto de ésta y el vínculo con los derechos humanos.

“Nos reunimos con todas las organizaciones de EU y el continente latinoamericano porque queremos hacer una prioridad el tema de la corrupción y los derechos humanos. Analizamos vínculos entre corrupción y derechos humanos y un plan de trabajo sobre ese tema”, expuso.

Refirió que Perú ha hecho un trabajo “muy interesante que fue tanto denunciar, procesar, enjuiciar a los gobernantes del fujimorismo por crímenes de lesa humanidad pero también en la corrupción y cómo usaron el autoritarismo como una forma para enriquecerse“, esto último en referencia a las investigaciones del caso Odebrecht.

Sostuvo que los países “tienen que respetar la independencia de la justicia y más cuando está buscando a los responsables de corrupción que afecta a la población en general y a la más vulnerable, la más pobre”.

En el caso de México, destacó el reciente informe sobre el control de Los Zetas en el estado de Coahuila, el cual muestra “el nivel de corrupción que existe”, así como situaciones de crímenes de lesa humanidad.

Ve la entrevista:

En la reunión entre organizaciones, se presentó el contexto regional de la corrupción a gran escala, los desafíos de las normas internacionales y regionales relativas a la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas de mecanismos y estrategias judiciales.

En el comunicado sobre dicho encuentro se abunda que “entre las principales conclusiones preliminares de la jornada del lunes se destacó que la corrupción no vulnera únicamente el patrimonio público sino también derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la justicia. Que esas vulneraciones pueden ser directas e indirectas y afectan desproporcionadamente a los más pobres y que se presenta tanto con gobiernos de izquierda como de derecha”.

“En nuestra región existe un alto correlato entre vulneración de derechos e índices de corrupción. En países con altos niveles de crímenes y violación de derechos humanos, la corrupción afianza la complicidad de las autoridades con los carteles de las drogas. En algunos países, a través de la corrupción se logra acaparar las tierras, desviar fondos estatales. En otros Estados operan incluso bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucrar lejos de todo objetivo de interés y bienestar general”, añade.

“El carácter oculto de la corrupción y las distintas formas que adopta, son elementos que dificultan su investigación. No obstante, existen marcos normativos internacionales con estándares para la lucha contra la corrupción que deben ser conocidos y aplicados. El desafío allí reside en vincularlos a los instrumentos de defensa de los derechos humanos para amplificar su llegada”, indica.

“En el contexto local, los participantes expresaron su preocupación por la grave situación de corrupción en el Perú, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucra a las élites públicas y empresariales del país y de otros de la región”, finaliza.



Torreón, Coahuila
miércoles, 15 de noviembre de 2017
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