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Coahuila: el desaseo y la pifia

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Eduardo R. Huchim


Por el dinero público empleado ilegalmente en la campaña priista y por el rebase en el respectivo tope de gastos, entre otras irregularidades, la elección para gobernador de Coahuila debe ser anulada. Sin embargo, aun cuando la segunda de las causales de nulidad mencionadas ha sido acreditada, no es seguro que la anulación se materialice, porque el asunto está en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya actual integración no se ha caracterizado por una conducta imparcial y autónoma.

Al determinar el rebase del tope de gastos de campaña por más de 5% y al haber entre primero y segundo lugares una diferencia menor al mismo porcentaje en la votación, el INE abrió la puerta para anular esos comicios, pero -como explicaré más adelante- también les dio al PRI y a su protector, el TEPJF, un pretexto para revocar el rebase y mantener el "triunfo" de Miguel Ángel Riquelme.

El desaseo que acompañó a los comicios de gobernador en Coahuila parece haberse extendido a la etapa de fiscalización de los gastos de campaña. El manoseo de los resultados en la revisión de las finanzas partidarias ha dado lugar a confusiones, a marchas y contramarchas y a erratas voluminosas. Así, un rebase de 31% determinado por la Unidad Técnica de Fiscalización en el gasto del candidato priista, se redujo a 7.86%, en una ruta en que la nulidad esperada podría terminar en sólo una multa a la coalición encabezada por el PRI. En tanto, el exceso de gasto fijado inicialmente para el candidato panista Guillermo Anaya, también se redujo, de 26% a 4.56.

En este caso se da una situación singular, porque quien quedó en segundo sitio, el panista Anaya, también rebasó el tope de gastos de campaña. La Constitución establece que, una vez determinada la nulidad de la elección, en los comicios extraordinarios no podrá participar "la persona sancionada". Este término se refiere evidentemente al candidato triunfador, pero no necesariamente a quien haya quedado en segundo lugar. Con esta interpretación, el candidato panista sí podría ser postulado de nuevo y el priista no.

Un antecedente de ese caso ocurrió en la capitalina delegación Miguel Hidalgo en 2003, cuando la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal probó el rebase del candidato panista primero y luego el del perredista. El Tribunal Electoral del DF, presidido por Raciel Garrido, determinó la nulidad, pero luego el TEPJF la revocó, aduciendo que, como los dos primeros lugares rebasaron los topes, eso no fue determinante para el resultado y, en consecuencia, mantuvo el triunfo del entonces panista Fernando Aboitiz. En ese entonces, mi opinión fue que un fallo más apegado a la ley y la democracia habría sido que se mantuviera la nulidad y, conforme a la ley local vigente en esa época, no participara ninguno de los candidatos infractores. Las circunstancias y las legislaciones actuales, por supuesto, son diferentes, pero es posible que, de darse la anulación, el TEPJF pudiera emitir una sentencia semejante.

Comoquiera, es probable que el TEPJF no tenga que enfrentarse a ese dilema porque el INE incurrió en una pifia que el PRI ya argumentó en su impugnación: las normas que se aplicaron en el proceso de fiscalización derivaron de reformas y adiciones al Reglamento respectivo, pero estas nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, en consecuencia, no están vigentes.

Es claro que las reformas eran conocidas por los partidos (aunque el PRI alega que no fueron notificados), algunos de los cuales incluso las impugnaron. Por tanto, habría razón para sostener la vigencia del rebase, pero con los actuales magistrados del Tribunal Electoral, en su mayoría serviles y obsecuentes, tal cosa no es segura.

Por lo pronto, la noche del martes 25 de julio, horas después de que el PRI anunció su impugnación en conferencia de prensa de Enrique Ochoa, el INE señaló en un comunicado que acatará las resoluciones del TEPJF en materia de fiscalización. Parecería obvio que, si el Instituto tuviera la prueba de que las normas sí fueron publicadas en el DOF, lo habría señalado en su boletín nocturno. Inevitablemente queda una pregunta en el aire: ¿Se trató de una omisión por descuido o por algún otro motivo?

 
@EduardoRHuchim


Torreón, Coahuila
domingo, 06 de agosto de 2017
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